La Directora de Cuestiones de Género, María Silvia Carrizo hizo alusión a la incorporación de una mujer al plantel de empleados municipales, la misma fue rescatada tras haber caído en manos de una red de explotación sexual. En este caso, la mujer cuya identidad permanecerá resguardada, comenzará a trabajar en una huerta destinada justamente a capacitar a otras mujeres que han atravesado situaciones de violencia.

“De esta manera se está dando cabal cumplimiento al decreto firmado por el Intendente Jorge Jofré en noviembre del 2021 y que hoy ya es una ordenanza que nos permite, además de garantizarles un cupo en el mercado de trabajo, darles acompañamiento psicológico, contención y la posibilidad de formarse dentro de las distintas propuestas de la Escuela de Artes y Oficios”, explicó la funcionaria.

El decreto 3222/21, mediante el cual se promueve el acceso al empleo tanto público como privado para las víctimas rescatadas del delito de trata de personas, se elaboró a pedido del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas.

El acceso a un empleo digno fue posible luego de incorporarse al Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas, que dispone el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Es importante destacar que, tras ser rescatada, al pasar a ser parte del mencionado programa, la víctima pudo estar contenida durante un año, accediendo a un salario y a capacitación, además de contar con asistencia terapéutica, la que continúa en la actualidad. El hecho se convierte así un caso testigo de acompañamiento integral para la reconstrucción del horizonte de vida de las víctimas.

En la Argentina, es la segunda vez que una víctima rescatada de redes de trata accede a un trabajo estable a través de los cupos laborales que se han venido votando en distintos municipios, siendo la primera en Gobernador Virasoro, Corrientes, con un caso de explotación laboral. Estas situaciones resultan inspiradoras para los ya 48 municipios en 13 provincias que han aprobado ordenanzas de cupo laboral, una política pública que viene impulsando el Comité en todo el país.