Desde la -Dirección de Niñez y Adolescencia- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, tomado conocimiento de un proyecto de ley que se reflota cada vez que la situación económica nacional se encuentra cuestionada y que no es otro que el que versa sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal a 14 años, el cual será discutido en un Plenario en la Cámara de Diputados de la Nación, integrado por las Comisiones de Legislación Penal, que preside Laura Machado (PRO), de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR); de Presupuesto, que encabeza José Luis Espert (LLA); y de Justicia, que conduce Manuel Quintar (LLA), se expresó que la propuesta pretende instaurar un Régimen Penal Juvenil que parta de la citada edad para poder dar a las personas trato de reos y someterlos a medidas como: Privación de la Libertad en Casos Graves, Asesoramiento interdisciplinario; Inclusión en programas educativos, recreativos, así como culturales; Tratamiento médico o psicológico; Capacitación laboral y acceso al empleo; Prohibición del consumo de sustancias; Obligación de presentarse ante el tribunal y Prohibición de interrumpir la escolarización como sanción disciplinaria, contrariando lo que el propio Comité de los Derechos del Niño viene recomendando a la Argentina desde el 2002, “que es la reforma de la Ley Nº 22.278 que establece el régimen penal de minoría, pero sin bajar la edad, sin agravar las penas, que para los punibles haya justicia restaurativa y que la privación de libertad sea el último recurso, como así también, resolver de manera urgente, el problema de los lugares de encierro de los niños”. El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, expresó: “Sin dudas, la problemática de la delincuencia juvenil debe ser debidamente abordada a fin de poder erradicarla. Pero como ya nos damos cuenta a estas alturas en una argentina con altísimos índices de indigencia, pobreza y desempleo, para cuestiones complejas no existen soluciones mágicas. No se encuentra en discusión que el Dec-Ley 22.278 deba ser sustituido por una norma acorde a los tiempos que vivimos, pero no consideramos que normas que prevean a la cárcel o la institucionalización en lugares que dependan de un Gobierno Nacional que no está dispuesto a invertir en nada, como lo está demostrando a la fecha, representen una respuesta adecuada. Ello no significa nada más que trasladar a las niñas, niños y adolescentes las consecuencias por todo aquello que no les podemos garantizar como sociedad jurídicamente organizada y una declaración de falta de conocimiento de la realidad e ineptitud por parte de quienes impulsan estos proyectos.”  El Ombudsman Provincial agregó que: “Datos oficiales de organismos internacionales como UNICEF sitúan a la pobreza estructural entre las personas menores de 18 años en un valor de 62%, es decir 10 puntos por encima de la que se ha fijado para la población en general (52%), estamos hablando de millones de niñas y niños que ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos. No debemos ser hipócritas y reconocer que la penalización de los niños, niñas y adolescentes caerá mayormente sobre las franjas sociales económicamente vulnerables, pues sus familias carecen de los medios económicos necesarios para poder brindarles alternativas ante la compleja situación de la comisión de hechos delictivos. Existen acuerdos internacionales suscriptos por nuestro país que deben ser respetados y que obligan al estado a brindar a la niñez salud, educación, cultura, sano esparcimiento, etc., he leído el conglomerado de normas internacionales vigentes y ninguna dice institucionalización o cárcel. Esto no significa que, si alguna vez exista un Estado Nacional presente, se deban no solo emitir normas, sino además disponer de la infraestructura y fundamentalmente de los recursos humanos necesarios y capacitados para separar de su medio a los jóvenes que delinquen y reeducarlos en el respeto a las normas sociales y legales, ello se logrará lejos de las discusiones oportunistas y/o electoralistas, las cárceles e internados y más bien, cerca de un trabajo conjunto con las familias, los estamentos oficiales capacitados, las iglesias, clubes, escuelas y colegios, que es donde los niños, niñas y adolescentes deben desarrollar su vida a temprana edad. Con estos fundamentos hemos remitido una formal actuación a los presidentes de bloque de cada partido del Congreso de la Nación, a efectos de que interrumpan una modificatoria en la ley penal que consideramos errónea e inoportuna”.