La causa se originó porque los empresarios que ocupaban el terreno no contaban con la autorización del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, en contravención a la Ley de Tierras N° 113. 

“Se dio cumplimiento a un desalojo que se produce por un planteo que se pide a través del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales a la Fiscalía del Estado de la provincia, que tiene que velar justamente por esto cuando se hacen los planteos judiciales y se hacen los pedidos”, explicó Zabala.

Señaló que el mismo procedimiento tiene lugar por cualquier intrusión a campos fiscales, y es deber de la Fiscalía actuar, produciendo el pedido en la Justicia provincial.

“La Justicia se ha pronunciado por un desalojo anticipado, porque si se introducen en un campo sin permiso, eso es lo que corresponde. Se inicia la demanda, se pide el desalojo por intrusión, si la Justicia lo entiende atendible, provoca el desalojo y sigue la demanda, por supuesto”, enfatizó.

Precisó la funcionaria que “esto es nada más que lo que se ha hecho” y advirtió que “no es ni la primera ni la última vez”, ya que idéntico trámite se realiza cada vez que sucede.

“No basta que uno quiera ocupar un campo, sino tiene que hacer los trámites pertinentes ante el organismo que es el que da la autorización.  Cuando se desaloja, vuelve el terreno al Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, al patrimonio de la provincia como corresponde”, subrayó.