La magistrada llevó adelante estas actividades en orden a la competencia funcional que por ley ostenta, con la finalidad de ejercer el contralor del tratamiento que se le brinda a las personas privadas de libertad que están cumpliendo pena de prisión efectiva en razón de haber sido condenadas.

La jueza Benítez constató “in situ” las condiciones de detención y mantuvo entrevistas personales, apreciando como se desarrollan las distintas actividades que se les brinda a los/ as internos/as previstas como tratamiento interdisciplinario, destacando que este año muchos de ellos ya se encuentran cursando estudios universitarios con la intención de superarse y alcanzar una exitosa reinserción social, acondicionando el personal penitenciario los lugares específicos para ello.

La magistrada resaltó el compromiso por parte de la Dirección General de Unidades Penitenciarias en avanzar con el régimen de progresividad ofreciendo a los internos/as un tratamiento esencialmente humanitario “para reencausarlos/as en el camino del bien, proponiendo como base el acompañamiento de la familia para tal fin conforme a lo expresamente previsto en el artículo 1 de la Ley 24.660, que alude precisamente a que resulta fundamental la comprensión y el apoyo de la sociedad para la rehabilitación de los privados de libertad”.

Durante la recorrida por los centros de detención, la jueza formuló consejos útiles a los directores de las unidades carcelarias para mejorar la aplicación del régimen penitenciario y, simultáneamente, manifestó cierta satisfacción por todo el esfuerzo que realiza el organismo de seguridad para mejorar todos los recursos existentes y mantener el orden, la disciplina y la pacífica convivencia en el contexto intramuros, destacando la optimización en la proveeduría de alimentos y elementos de limpieza, como así también la atención sanitaria que se le brinda a los/as internos/as para resguardar su estado de salud, tanto física como psíquica.