El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, rechazó por falaz, el descargo efectuado por el Gerente de Crucero del Sur Agrupación, César Gabriel Aguirre, “en cuanto el citado aseguró por escrito, que la empresa cumple con el Servicio de Emergencia, anunciado oportunamente, con la cantidad de unidades, horarios, frecuencias y recorridos estipulados para todas las líneas, según los requerimientos de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa”. A su vez, el Funcionario Provincial, fustigó duramente al Secretario General de UTA, Diego Mendoza, “por estafar y tomarles el pelo a los vecinos este lunes por la mañana, queriendo hacerles creer que, los colectivos se quedaron sin combustible y por ello los atravesaron en diferentes boca calles, perjudicando a toda la ciudadanía”. Consultado por un grupo de usuarios que se hizo presente en la Sede del Organismo de la Constitución, Gialluca les dejó en claro que el Gobierno Provincial, no tiene ninguna obligación legal, no es el Poder Concedente “para hacer aportes o subsidios al transporte urbano de pasajeros”, ya que al haberse eliminado el -Fondo Compensador del Transporte- por decisión del Presidente Javier Milei, en enero se le pagó a la empresa unos 77 millones de pesos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre cuando el citado se encontraba aún vigente. Añadió también que, no se debe confundir a la gente, en relación a quienes tienen la responsabilidad en el funcionamiento del  transporte urbano de pasajeros en nuestra ciudad y tampoco se pueden hacer ligeramente comparaciones con otras provincias, donde el mismo, sí está a cargo del Estado Provincial, como es el caso de La Rioja que ha iniciado acciones judiciales contra el Estado Nacional, exigiendo el pago de subsidios destinados al servicio de transporte y que se encuentran previstos en el Presupuesto Nacional  del año 2023 que en la actualidad sigue vigente, donde en su art. 81 “claramente se mantiene el Fondo Compensador” que no puede ser suprimido por simples Resoluciones de la Secretaria de Transporte. A este caso se le sumó la Provincia de Chubut, San Luis y otras, pues de lo contrario, los usuarios tendrán que pagar boletos que rondarían entre los 1.100 y 1.200 pesos. Por último, dijo que, no se está mendigando al Gobierno Nacional para que envíen dinero, sino que estamos pidiendo que cumpla con la Constitución Nacional y las leyes que de ella emanan, para así garantizar la cobertura de los recursos que el transporte público necesita, para evitar mayores perjuicios a los vecinos o tener que lamentar el cierre de empresas.