Las mismas consisten en: * Mantenimiento de contratos por tres años. * Ajustes semestrales en lugar de anuales. *Aplicación del índice Casa Propia, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año. Actualmente, se utiliza el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central. * Contratos en moneda nacional. *Incentivos impositivos para propietarios que alquilen sus viviendas. Lo que se aprobó en el Senado difiere de la iniciativa que sancionó Diputados, que volvía al plazo de dos años para los alquileres, con actualizaciones cada cuatro meses y libertad para elegir el índice entre las partes. Ese proyecto fue cuestionado por los inquilinos, sumándose también la Defensoría del Pueblo, al considerar que las actualizaciones cada 4 meses y la libertad para elegir el índice entre las partes, era algo totalmente inviable en la práctica. Al respecto, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, nunca se puede pretender colocar en un plano de igualdad a los propietarios e inquilinos, “pues en los hechos los que siempre imponen unilateralmente y abusivamente las condiciones son los propietarios o las inmobiliarias que los representan y es aquí donde se hace necesario que se apruebe de manera urgente estas modificaciones a la ley de alquileres, para garantizar los derechos económicos a más de 13 millones de argentinos, que destinan actualmente un 50% de sus ingresos para poder tener un techo donde vivir”.