Sobre el tema, la directora de Zoonosis y Protección Animal, Beatríz “Kitta” Segovia tras mostrar su alegría por la aprobación de esta importante ordenanza indicó que “es el resultado de un importante trabajo que venimos haciendo hace más de cuatro años con todo el equipo de la Municipalidad, con asociaciones protectoras, vecinos ya que es muy importante su opinión, también abogados que colaboraron dando su opinión desde su conocimiento en la temática, sobre todo en lo que tiene que ver con la Ley del Animal”.

Resaltó además Segovia que la Ordenanza está a disposición de todos los vecinos y vecinas y los convocó a “involucrarse en la temática, debemos leerla y conocer los derechos de los animales, para entre todos ponerla en práctica”.

“Estamos muy contentos porque este es un esfuerzo y un trabajo de muchos años que venimos haciendo desde la Municipalidad y todos los sectores que ayudaron en esta tarea que hoy se hace realidad”, cerró.

Por su parte, la abogada Mariela Cáceres, miembro del equipo interdisciplinario del área de Acción Social de la Municipalidad, destacó que la aprobación de esta Ordenanza “tiene una relevancia significativa para toda la ciudad de Formosa, los vecinos y, naturalmente, para nuestros animales de compañía”.

Al dar detalles de los fundamentos de esta ordenanza, explicó que “a raíz de esta Ordenanza la ciudad de Formosa se declara ´ciudad no eutanásica´ y reconoce a los animales de compañía como seres sintientes, lo que, en la práctica, implica que el Estado Municipal no puede recurrir a ningún medio no ético (sacrifico o exterminio) como herramienta de control poblacional. Y, a este fin, establece a su cargo como servicio público esencial las castraciones quirúrgicas con las siete características que han demostrado ser las únicas eficientes para lograr -y sostener en el tiempo- el tan deseado equilibrio poblacional”.

“Es importante destacar – prosiguió Cáceres - que este tipo de decisiones garantizan la continuidad en la prestación de los programas de castración quirúrgicas masivas, tempranas, abarcativas, sistemáticas y extendidas a cargo del Estado, independientemente de la gestión al frente del Ejecutivo. Y ello, porque suponen una obligación en cabeza del Estado. Un Estado que entiende que la problemática animal también incumbe a la salud pública y no es posible escindir una de otra”, explicó.

En ese marco añadió que “del mismo modo, que es inviable la convivencia inter-especie sin el respeto por las necesidades y derechos del otro, en este caso, de los animales que el hombre ha domesticado hace miles de años. Esta finalidad de la norma, también se ve reflejada en el tratamiento que se da a distintos aspectos vinculados con el cuidado responsable y las responsabilidades derivadas del vínculo con un animal”. 

“En otras palabras, esta ordenanza marca un cambio de paradigmas en la legislación local y –porque decirlo en la legislación nacional- y, aunque seguramente aún queden cuestiones por tratar, representa la recepción normativa de la lucha del colectivo proteccionista”, sentenció la profesional.