El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en los últimos dos años se produjo a nivel país y también en nuestra provincia, una fuerte migración de alumnos de escuelas privadas a escuelas públicas, cifra que no se veía desde la crisis del 2001. Esta situación, se agrava particularmente para todos aquellos centros educativos que reciben niñas/os con discapacidad y que por la reducción de los aportes de las obras sociales y la falta de apoyo del Gobierno Nacional para con los padres, se encuentran desde hace tiempo con graves inconvenientes. Según el informe “Presupuesto educativo nacional 2026” elaborado por Argentinos por la Educación, el Gobierno de Javier Milei destinará apenas el 0,75% del Producto Bruto Interno (PBI) al sistema educativo. El porcentaje equivale a la mitad de lo que el Estado invertía en 2015 y confirma una tendencia de caída impuesta por el Estado Nacional. Además, el Ejecutivo impulsa la eliminación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 fijaba como meta una inversión mínima del 6% del PBI entre Nación y provincias. La iniciativa genera preocupación entre especialistas y docentes, que advierten que suprimir ese piso legal dejaría a la educación aún más expuesta al ajuste. El informe advierte que el gasto nacional representa apenas un cuarto del presupuesto educativo público, mientras que el resto depende de las provincias. El ajuste proyectado para 2026 consolida así un modelo que reduce al mínimo la presencia del Estado en la educación, en un país donde los docentes y los alumnos siguen esperando un compromiso federal que devuelva a la escuela pública el lugar que alguna vez tuvo. El Funcionario Provincial, por otra parte, señaló que, a esto se suma la decisión del Gobierno Nacional, de desregular los aranceles de los colegios privados. La medida establece que los establecimientos podrán fijar libremente los precios de las cuotas y matrículas sin autorización previa del Estado, decisión oficializada a través del Decreto Nº 787, publicado este martes en el Boletín Oficial. El sistema que derogó el Ejecutivo Nacional fue instaurado hace 30 años y la administración de los aranceles de las entidades de educación privada dependía del Gobierno. Según las autoridades, el anterior sistema que fijaba los valores de las cuotas de los colegios privados que debía contar con la autorización del Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos”. En el mismo decreto, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación a revisar el Decreto Nº 2542/1991, que fija las pautas de financiamiento de la educación privada, el objetivo será adaptar el sistema a la nueva política de libre determinación de precios y establecer criterios actualizados de funcionamiento.