La -Dirección de Discapacidad- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, junto a la Asociación Camino Azul TEA Formosa que preside Florencia Santa Cruz, solicitaron formalmente a la Presidenta del Senado de la Nación, Dra. Claudia Villaruel, como así también, a la Presidenta de la Comisión Unicameral de Salud, Lucia Benigna Corpacci, a la Comisión Única de Derechos y Garantías en la persona del Senador Mariano Recalde, incluyendo a los Senadores de nuestra Provincia, José Miguel Ángel Mayans, María Teresa Margarita González y Francisco Manuel Paoltroni, garanticen la continuidad de prestaciones y servicios esenciales para personas con discapacidad en todo el país, frente a los fuertes recortes que viene aplicando el Gobierno Nacional a estos sectores altamente vulnerables, “mediante la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que viene a resguardar derechos que ya existen y que Institucionalmente, así como socialmente, necesitamos que se garanticen hasta el 2027, toda vez que los recortes antes citados, han golpeado no solamente a las familias que poseen integrantes con discapacidad, sino también, a los sectores de profesionales que se encargan de atender a los mismos”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la ley de emergencia en discapacidad abrió un nuevo capítulo de debate en el Congreso. El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, busca garantizar la continuidad de prestaciones y servicios esenciales para personas con discapacidad en todo el país, frente al desfinanciamiento impuesto en los últimos meses desde el Ministerio de Salud de Nación y la ANDIS en todo el territorio nacional. Por su parte, desde la Asociación Camino Azul TEA Formosa, presentaron el día 26 de agosto del corriente año, al actual Interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, junto a más de una veintena de ONG de todas las Provincias, como integrantes del -Consejo Federal de Discapacidad-, un escrito en el que, “repudiaron los hechos que son de público conocimiento, relacionados con supuestas actas de corrupción en contra de la Administración Pública, en la órbita de la ANDIS y que han tomado estado público por la difusión de audios atribuidos al Ex Director de la misma, por lo cual, requirieron la convocatoria a una -Asamblea Extraordinaria del COFEDIS-, para que se informe cual es la situación actual de la ANDIS”. Añadieron que existe una gran angustia e impotencia en todo el colectivo de personas con discapacidad, pues, mientras se los venía acusando de recibir beneficios indebidos, ahora sale a la luz que los verdaderos pícaros se encontraban del lado de quienes ordenaron las auditorías y por ello, es necesario que todo se investigue y se haga justicia lo más rápidamente posible. Se recordó que el ajuste en las pensiones nacionales y la exigencia de revalidar certificados dejaron a miles de personas sin cobertura, “hubo auditorías mal planteadas, obligando a viajar cientos de kilómetros para renovar trámites, mandando cartas documento a domicilios inexistentes o dando plazos imposibles de cumplir”, y todo esto formaba parte de una estrategia solamente para dar de baja pensiones. Gialluca agregó que, la Agencia Nacional de Discapacidad administra un presupuesto clave para garantizar derechos básicos: desde el acceso a centros de día y terapias, hasta transportes, medicamentos, ortopedia y apoyos educativos, es una caja muy importante, dado que se trata de recursos necesarios para sostener la vida cotidiana de miles de personas, que ahora quedaron absolutamente desamparadas. Resaltó, que la situación en la Provincia de Formosa, es diferente, toda vez que, desde el Estado Provincial, se mantienen y se impulsan políticas públicas que contienen y acompañan a las personas con discapacidad, lo que permite neutralizar los efectos de los recortes impuestos desde el Gobierno Nacional. Pero advirtió que las provincias pueden acompañar, pero no reemplazar las obligaciones para con las personas con discapacidad que impone al Gobierno Nacional, la Constitución Nacional, las Leyes vigentes en la materia y los Tratados Internacionales que ha suscripto la Argentina.