El significado del mismo, es importantísimo porque ubica lo que venimos planteando hace muchísimo tiempo. La cuestión presupuestaria no puede estar nunca por encima de los convenios internacionales y por sobre el derecho a la salud y la educación de los hijos. En los fundamentos de su resolución, González Chavary hizo lugar al amparo al señalar que los hermanos padecen “trastornos generalizados del desarrollo” y “trastornos específicos en las habilidades escolares”. Esos niños asisten a un centro educativo terapéutico, además de su regularidad en un colegio especial, el mismo que en voz de sus autoridades expresó que el desfinanciamiento estatal ponía en riesgo su funcionamiento y los dejaba al borde del cierre. El fallo también indica que las instituciones a las cuales asisten estos chicos subsisten gracias a préstamos bancarios y donaciones. Institucionalmente, entendemos como relevante que desde el discurso judicial se legitimen cuestiones que tienen que ver con el campo del derecho, las legislaciones internacionales que se están violando, porque con la excusa de que no se ha eliminado el sistema integral de prestaciones, sí se está desarmando el sistema, por la precarización y desfinanciación a la que viene siendo sometido hace tiempo y que lo está haciendo desaparecer. En la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, se necesitará el voto afirmativo de una mayoría especial para poder rechazar los vetos que firmó la semana pasada el presidente Javier Milei. Se recordó que la ley que declara la emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso y vetada por Milei contempla el sistema integral de prestaciones que está establecido a partir de la ley 24.901, que indica todas las prestaciones de salud y educación, transporte y rehabilitación, recomponiendo la situación arancelaria de modo que acompañe la inflación que se produjo del 2023 a la fecha. También garantiza presupuesto para la Agencia Nacional de Discapacidad y sus programas y que las personas que están por afuera del sistema de pensiones puedan ingresar al mismo. En este momento hay más de 500 mil personas en el país que no lograron acceder a beneficio alguno, que han tramitado la pensión, pero no se las dieron. No solo podrían cobrar una pensión de 280 mil pesos, sino que además les permitiría ingresar al sistema de prestaciones. Esas personas están por fuera del circuito de educación, de formación laboral, de hogar, de rehabilitación, es decir, absolutamente invisibilizadas y excluidas de las normativas vigentes que los protegen y que el Estado Nacional les niega y desconoce.