Contexto

Las críticas hacia la jueza Karina Andrade surgieron luego de su decisión de liberar a más de 100 detenidos tras los disturbios en las inmediaciones del Congreso. En este contexto, desde el oficialismo se sugirió la posibilidad de iniciar un juicio político en su contra, lo que generó la reacción de la Junta Federal de Cortes.

El documento recuerda que la Constitución Nacional y los tratados internacionales garantizan la independencia de los jueces, protegiéndolos de presiones externas. «La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales», señala la declaración.

Además, subraya que el juicio político no es el mecanismo adecuado para cuestionar fallos judiciales, ya que existen vías procesales ordinarias y extraordinarias para la revisión de sentencias. «Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de sus decisiones resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el debido proceso», enfatiza el comunicado.

Cómo sigue

La Junta Federal de Cortes hizo un llamado a que el debate sobre resoluciones judiciales se mantenga dentro del ámbito institucional y no se convierta en una herramienta de presión política. «La independencia del Poder Judicial no es un privilegio para los jueces, sino una garantía para todos los ciudadanos», advierten los magistrados.

El pronunciamiento refuerza la tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial, en un escenario en el que el rol de la Justicia en cuestiones de seguridad y protesta social está cada vez más en disputa.

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