Habiéndose descubierto, además, en nuestra Provincia, que medios de comunicación radiales, redes sociales y personas inescrupulosas, “con la intencionalidad manifiesta y maliciosa de que las personas con discapacidad, pierdan sus beneficios, las citan y les hacen firmar planillas rellenándolas con sus datos”, cuando las notificaciones, únicamente las debería hacer el personal de la Empresa URBANO Express S.A., cuyos Responsables también serán citados, para que den las explicaciones correspondientes, evaluándose concretar denuncias penales y civiles en cada caso-

La -Dirección de Discapacidad- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, le demandó al Gobierno Nacional de Javier Milei que, “de forma urgente suspenda el envío de citaciones mediante Cartas Documentos a personas con pensiones por discapacidad”, en el entendimiento que, las mismas van en contra de los derechos y la seguridad social de las y los usuarios del servicio de salud. Algunos de los inconvenientes más graves que se han podido constatar, se da en que las notificaciones no se vienen realizando en los domicilios de los beneficiarios y esto sucede especialmente en el interior provincial, donde en muchos lugares, no se ha colocado nombres a calles y menos numeración, lo que dificulta cualquier citación que pueda provenir de la ANDIS, al mismo tiempo, se ha detectado, “citaciones exigiendo a que personas discapacitadas se dirijan a diferentes establecimientos privados de forma presencial en una fecha y hora determinada, bajo apercibimiento de suspenderles el beneficio, sin contemplarse que estos ciudadanos no pueden trasladarse por sus propios medios y que tampoco poseen los recursos suficientes y necesarios para pagar una ambulancia que los traslade”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció también que hay casos de personas que reciben tratamiento ambulatorio, quienes por la forma en la cual se encuentra redactada la Carta Documento, con lenguaje excesivamente técnico, genera confusión sobre lo que tienen que hacer o los reiterados casos en los cuales las citaciones fueron entregadas a terceras personas y no a sus destinatarios o titulares. Estas situaciones ya habían sido advertidas en su momento, dado que las mismas se producen no solamente en formosa, sino en todo el país y, sin embargo, la ANDIS no llevó adelante ninguna corrección ni ajuste razonable, antes de enviar las notificaciones, “en más, en nuestro territorio, directamente el Gobierno Nacional desmanteló por completo la Delegación de la ANDIS, lo cual, agrava aún más la posibilidad de asesoramiento y defensa en favor de las personas que poseen una pensión por discapacidad”. Ante esta realidad, desde el Organismo de la Constitución, se Instó a la ANDIS, suspenda inmediatamente estas citaciones y que, al momento de volver a enviarlas, informe de manera detallada cuáles son los criterios que se utilizarán para hacer estas revisiones. Además, que garantice, que las próximas notificaciones, se cursen a los titulares y se realicen en un lenguaje claro, para que puedan ser comprendidos por las y los destinatarios en lo que respecta al alcance de la revisión y sus consecuencias y que se simplifique la documentación a presentar en la entrevista. En este mismo sentido, se requirió que las entrevistas se realicen en los lugares donde se encuentran las y los beneficiarios o en su defecto que las mismas se lleven a cabo en dependencias, lo más cercanas a sus domicilios, según las circunstancias personales de cada persona beneficiaria, teniendo en cuenta que en su gran mayoría son adultos mayores que padecen una serie de dolencias, por lo que, se ven impedidos de trasladarse de un lugar a otro. Por último, se advirtió a la ANDIS que el Estado Nacional por los estándares internacionales que está obligado a cumplir, debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad en general y especialmente de quienes tienen graves enfermedades, máxime en los casos de personas con padecimientos de salud mental, más allá que el actual Gobierno Nacional, “considere o vea a los mencionados, como simples números, a los cuales les viene proporcionando un trato inhumano”, por lo que, esperamos que tanto la ANDIS, como el Ministro de Salud de Nación, revean el modo y la forma en que se está llevando adelante esta auditoría, ya que nadie habla de que la baja de las PNC por invalidez, “implica que además, se suspenderá, no solamente los ingresos económicos para miles de personas, sino que también, los beneficiarios perderán la posibilidad de acceder a la cobertura de la obra social que implica esta prestación y con lo cual, quedarán totalmente desamparados”.