Es por todo esto que la CIDH indicó en su reciente documento que considera que la opositora “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”, entre ellos “los derechos a la vida e integridad personal”, y advirtió que su detención podría “tener por objeto intimidar a la propuesta beneficiaria, obstaculizando el ejercicio de sus labores de defensa de derechos humanos”.

En primer lugar, se exigió a las autoridades que adopten “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de la víctima y, también, que informe si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención, así como su paradero. A la par, se solicitó la difusión de los cargos de los que se la acusa o, en su defecto, las razones por las que no ha sido puesta en libertad.