Desde la -Dirección de Discapacidad- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se reclamó al Presidente de la Comisión Permanente de Discapacidad del Congreso Nacional, Arroyo, Daniel y al propio Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, “se deje sin efecto y se oficialice la baja del Decreto del Gobierno Nacional, el cual, eliminará la universalidad del nomenclador para las diferentes prestaciones, con lo cual, miles de personas discapacitadas quedarían sin medicamentos, acompañantes terapéuticos, tratamientos y terapias especiales, transporte específico, a las cuales, se terminará perjudicando de no adoptarse esta medida, con el agravante de que en argentina, dicho universo es de 1 millón 200 mil personas”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, fundamentó su requisitoria en que estos temas no pueden dejarse al capricho y arbitrio del mercado, toda vez que esta problemática si bien atraviesa a las personas con discapacidad y a sus grupos familiares, colocan en alerta a toda la sociedad. El Funcionario Provincial, agregó que, el Ejecutivo Nacional está actuando al igual que lo hizo en el tema de los alimentos que administra el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, denunciando irregularidades, las cuales, obviamente, no convalidamos y deben ser investigadas debidamente, pero ínterin, no se puede cortar la asistencia de prestaciones básicas a los discapacitados, máxime cuando esto va en contra de la Ley Nacional de Discapacidad Nº 24.901. En este sentido, Institucionalmente, apoyamos el Proyecto de Ley que ya tiene dictamen de mayoría por UP, la UCR y el Frente de Izquierda que posee tres ejes centrales que son: * La inclusión de un nomenclador único para los beneficiarios, tengan o no cobertura. * Mantener las coberturas de salud, que incluyen medicamentos y tratamientos, educación, como acompañantes terapéuticos y apoyos escolares específicos. * La incorporación en el Directorio de la evaluación de prestaciones a la ANDIS y a organizaciones de la sociedad civil, familias y ONGS del sector. Gialluca denunció que, en la actualidad, los aranceles que debe pagar el Gobierno Nacional han quedado totalmente desactualizados, se paga mal y tarde y por ello, los niños y personas que demandan terapias y centros educativos están siendo sometidos a cambios y rotaciones permanentes, lo que afecta directamente el desarrollo de quienes justamente necesitan de la estabilidad de los vínculos para poder desarrollarse adecuadamente.