Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se denunció que la caída del consumo es más fuerte actualmente que aquel que se produjera durante la pandemia por la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios. La propia Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que, los niveles de venta de los comercios cayeron un 28,5% en enero respecto al mismo periodo del año pasado, es que esta drástica baja del consumo se da junto a una aceleración inflacionaria con un índice de precios al consumidor del 25,5% en diciembre, el mayor desde 1992 y un 20,6% en enero. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, entre diciembre y enero, la inflación se disparó 50% con fuertes remarcaciones en alimentos que integran la Canasta Básica, productos de higiene y bebidas, “lo que produce un profundo hundimiento del consumo de productos de primera necesidad, donde el deterioro del poder de compra de los ingresos de los trabajadores está alcanzando niveles récords, como consecuencia de los altísimos e irracionales precios existentes”. El ingreso real de los trabajadores formales en diciembre de 2023 llegó a mínimos desde la crisis del 2002. De acuerdo con los últimos registros oficiales, los salarios tocaron en diciembre el menor nivel desde marzo de 2003, comparados con el 2017, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios del sector privado registrado ya suma 18,9%, de esta manera, la citada pérdida en la mayoría de la población está impactando de manera dramática en los niveles de consumo masivo. Se trata de un retroceso histórico; pues no es habitual que las ventas de las grandes cadenas muestren semejante caída aún durante un ciclo recesivo de la economía, inclusive las principales alimenticias también admiten que en enero la caída del consumo fue mayor a la esperada, sobre todo en productos de primera necesidad. En este contexto, el consumo interno de carne vacuna se desploma frente al aumento de los precios en la hacienda y el mostrador, mientras las exportaciones crecen favorecidas por el levantamiento de las restricciones y contribuyen al encarecimiento de los valores en el mercado local, con una caída en el volumen de consumo que promedia 40 a 42 kilogramos por habitante por año.